Meses después de lanzar la primera licitación, el Gobierno ha dado marcha atrás y prepara nuevas condiciones para salvar Muface, el modelo sanitario que suma millón y medio de empleados públicos y estaba a punto de entrar en colapso. Además de dejar sin efecto el plazo del 27 de enero a las aseguradoras para sumarse al plan del Ejecutivo, se preparan nuevas condiciones contractuales para que la mayor aseguradora, Adeslas, pueda sumarse a la cobertura sanitaria de los funcionarios. La falta de previsión a la hora de licitar el concurso de la atención sanitaria a los empleados públicos había abocado al final del modelo al rechazar la práctica totalidad de compañías unas condiciones impracticables desde el punto de vista económico y sanitario. El borrón y cuenta nueva por el que ha optado el Ministerio de Función Pública evidencia la necesidad de una cooperación de la sanidad pública con la privada respetando las condiciones de mercado. La realidad demuestra que los apriorismos ideológicos sobre la sanidad pública chocan contra el principio de realidad y el hecho de que determinadas necesidades sociales siempre quedan mejor cubiertas con un modelo mixto público-privado.
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