El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha resuelto archivar provisionalmente la investigación por el presunto espionaje telefónico del que habrían sido objeto el presidente Pedro Sánchez y los ministros de Defensa, Interior y Agricultura entre 2020 y 2021. El motivo fundamental sería « ... la absoluta falta de cooperación jurídica de Israel» ante las cuatro ocasiones en que el tribunal habría remitido la comisión rogatoria sobre la actuación de la empresa que creó y administra el 'software' Pegasus, la israelí NSO Group. Una decisión que el juez considera podría revisarse tras una hipotética acción diplomática ante ese país que contribuyera a desentrañar el caso o tras la aparición de nuevas fuentes de prueba. Según el auto, el CNI y el Centro Criptológico Nacional habrían determinado, junto al testimonio de los espiados, el alcance de la captación de datos que obraban en los dispositivos de los cuatro responsables del Gobierno. Se desconoce o mantiene en reserva su contenido preciso y no han podido ser identificados los autores de una intromisión a todas luces ilegal que habría «puesto en jaque la propia seguridad del Estado», lo que conduce indefectiblemente al sobreseimiento provisional de las actuaciones judiciales. Una situación que, por otra parte, podría extenderse al supuesto espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que también sigue la Audiencia Nacional.
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Las dos últimas preguntas consignadas por el magistrado en su comisión rogatoria, dirigidas en última instancia a NSO Group, son más que elocuentes en cuanto a los límites de la investigación judicial provisionalmente archivada. «¿Serían capaces de saber, examinando los terminales infectados, cuál es la licencia causante de esa infección y, por tanto, quién es el autor de la misma?». «¿A quién o quiénes se ha vendido este producto en España hasta la presente fecha?». La falta de respuesta por parte de Israel parece confirmar que la actividad de las empresas de esa nacionalidad relacionadas con la seguridad forma parte de un entorno blindado ante pesquisas ajenas. Aunque al recabar detalles sobre la clientela española del programa Pegasus, Calama apunta también a la eventualidad de que NSO Group pudiera ser proveedor necesario de una operación de espionaje urdida por españoles para interceptar información de nuestras más altas autoridades. Una sombra que probablemente impida realizar la gestión diplomática a la que se refiere la Audiencia Nacional.
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