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El Gobierno de Nicaragua decretó el cierre de 1.500 ONG, en lo que constituye la mayor disolución de organizaciones no gubernamentales ordenada por el presidente desde las protestas populares contra el régimen en 2018. Desde esta fecha, cuando la represión provocó más de 300 muertos y centenares de presos políticos, el dirigente autoritario ha disuelto ya más de 5.100 instituciones. El Ministerio del Interior justifica la arbitraria medida en que estos colectivos privados no han declarado sus estados financieros, pero el objetivo real de Daniel Ortega es cercenar toda organización popular que no controle. La mayor parte de las ONG disueltas y con sus bienes embargados por el Estado son de inspiración religiosa, pero en la clausura de centros cívicos figuran también los de grupos asistenciales, deportivos, indigenistas y hasta de antiguos combatientes de la revolución. Después de ganar elecciones no reconocidas por la comunidad internacional, el mandatario ha situado en el punto de mira a la Iglesia católica, a la que acusa de apoyar movimientos antigubernamentales. La persecución de cualquier elemento crítico con su poder indica que Ortega ha roto con la democracia.
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