Navarra y la Guardia Civil

La sentencia del Tribunal Supremo que tumba el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico de la Guardia Civil deja en evidencia al Gobierno por utilizar una fórmula declarada ilegal para aplicar un acuerdo en ese sentido con EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2023. La Sala de lo Contencioso basa su decisión en la forma en la que se materializó la transferencia –un real decreto– y solo en parte en el fondo al interpretar que no está amparada por los derechos históricos, pero que es posible realizarla a través de una reforma de la Ley de Amejoramiento, en la que esa materia no está «reconocida», o una ley orgánica. Ello amortigua los efectos prácticos del fallo, pero no deja de ser un varapalo político para el Ejecutivo. La medida despertó una encendida polémica más por su origen –un canje con la izquierda abertzale– que por unas consecuencias que habrían sido las mismas con cualquier otro promotor –la drástica reducción de la presencia del instituto armado en la comunidad foral–, aunque la oposición se escandalizara por una «cesión a los herederos de ETA». El abusivo empleo de decretos, que Pedro Sánchez criticaba con razón al PP, le ha jugado una mala pasada.