Nacho Cano, defensa con límites

La detención el martes del músico y productor Nacho Cano por supuesto empleo irregular de becarios extranjeros en su espectáculo 'Malinche symphonic' ha provocado un comprensible revuelo por la proyección pública de quien fue miembro de Mecano y por las acusaciones que pesan contra él: vulneración de los derechos de los trabajadores y fomento de la inmigración ilegal. La presunción de inocencia de Cano y el esclarecimiento de los hechos, que parten de la denuncia de una antigua integrante del equipo a la que el arrestado define como «conflictiva», constituyen las dos pautas nucleares que han de preservarse en esta investigación como en cualquier otra sometida a las reglas de un ordenamiento jurídico garantista. El músico tiene toda la legitimidad para defenderse y utilizar los recursos legales a su alcance para rebatir la actuación policial. Pero no para intentar convertir su detención en una suerte de persecución en su contra orquestada por las fuerzas de seguridad bajo mando del Ministerio de Interior. Un señalamiento del Estado de derecho al que ayer se sumó irresponsablemente la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que incide en el eco de otras denuncias, como las de 'lawfare', que erosionan la confianza en el mismo.

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