Muface, en la cuerda floja

El Gobierno dio a conocer ayer algunas de las condiciones del nuevo concierto que Muface va a licitar para los próximos tres años –2025, 2026 y 2027–, elevando la tarifa media por mutualista de los 1.032,12 euros actuales a los 1.262, ... 28 ofertados para después del 31 de enero. Un incremento de la prima del 33,5% a lo largo de tres ejercicios que las compañías aseguradoras necesitan contrastar con la literalidad de lo que publique el Boletín Oficial del Estado (BOE) al respecto. Muface no fue una creación elitista para que los funcionarios públicos y sus familias pudiesen contar con una atención sanitaria aparte. Era y es la constatación de que el sistema público de salud no lo puede todo o, cuando menos, resulta conveniente para su sostenibilidad que el Estado recurra a conciertos también en este ámbito. Sólo que la obligatoria licitación de una oferta de servicios que replique la del sistema público brinda a las aseguradoras la posibilidad de renunciar a la participación en el concierto. Es lo que condujo a Muface a la crisis de la que el Consejo de Ministros de ayer decidió salir. Con la dificultad que entraña tener que establecer nuevas condiciones para el empeño a partir de un tanteo de posiciones con las firmas que pudieran estar interesadas en reactivar el servicio actualizándolo. La crisis era previsible, aunque se desatara hace poco más de un mes, cuando las tres aseguradoras comprometidas en la atención a los mutualistas de Muface –Adeslas, Asisa y DKV– decidieron no concertar en adelante al considerar que un aumento del 17,11% en las primas para los dos próximos años perpetuaría el déficit en la prestación de los servicios asumidos. La propuesta gubernamental para tres años genera dudas sobre si se trata de un período de cálculo excesivo a la hora de garantizar que no se reproduzca la situación anterior. Un millón y medio de mutualistas y beneficiarios se encuentran en estos momentos a merced de que la letra pequeña del BOE atraiga o retraiga a las compañías aseguradoras. Con el riesgo de que alguna de ellas se desentienda de concursar en la nueva licitación, con lo que ello conllevaría. Supondría un factor de tensión añadido sobre un sistema público de salud ya tensionado, pese a las últimas declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, asegurando que podría asumir sin mayores consecuencias la llegada de los hoy beneficiarios de Muface.