Muerte digna y utilización política

El Parlamento aprobó hace más de tres años la despenalización de la eutanasia y reguló su aplicación, una legislación delicada avalada por una mayoría amplia y transversal y por el posterior rechazo del Constitucional –por nueve votos contra dos– de los recursos de Vox ... y el PP. La elevación por una juez de Barcelona de una cuestión de competencia ante el Tribunal Superior de Cataluña ha tenido como consecuencia la primera paralización de una demanda desde que está en vigor la normativa. La solicitante, una mujer de 23 años con graves patologías mentales y sin movilidad en las piernas por las lesiones de un intento de suicidio, obtuvo la autorización de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Generalitat, órgano técnico que tiene la última palabra tras escuchar a la demandante y a los médicos. El padre de la joven, representado por la Fundación de Abogados Cristianos, se opone a que se la asista para morir porque ella pidió un aplazamiento por carta, aunque finalmente ratificó su decisión original. El respaldo legal al derecho a una muerte digna continúa chocando con el comprensible desgarro familiar y con una censurable utilización del dolor para fines políticos.