Tras haberlo desechado hace apenas un mes por considerar que sería como poner «puertas al campo», el Gobierno central defiende ahora restringir el uso de teléfonos móviles en los colegios. Así, ha planteado a las comunidades –competentes en la materia– prohibirlos en Infantil y Primaria, y limitar su utilización en la ESO, Bachillerato y FP a las tareas docentes en las que sean necesarios según el criterio de los profesores y el proyecto educativo de cada centro.
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La propuesta, bien acogida por la mayoría de los consejeros autonómicos, tiene pleno sentido y está en línea con una corriente cada vez más extendida en Europa y en nuestro país para evitar distracciones en las aulas y reducir la alta exposición de los jóvenes las pantallas, que acarrea nocivas consecuencias.
Al sector de la enseñanza corresponde adiestrar a los alumnos en las habilidades digitales y en un empleo adecuado de esos dispositivos. Pero el grueso de la responsabilidad en ese ámbito recae sobre las familias, que han de ponderar a qué edades dejan en manos de sus hijos unas herramientas tan poderosas y educarlos sobre las ventajas y riesgos que conllevan, además de con el propio ejemplo.
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