La minada comisión del 17-A

La reactivación en el Congreso de la comisión de investigación sobre los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Cataluña ha devuelto actualidad al pacto para impulsarla sellado hace diez meses entre el PSOE y Junts como parte de los compromisos para la investidura de Pedro Sánchez. Que los socialistas hayan acordado un plan de trabajo a modo de gesto para contener los desmarques de los de Carles Puigdemont incide en el pecado original de atar la legislatura a lo que resuelva el expresident huido.

Que la comisión vaya a requerir la desclasificación de documentos reservados sobre los crímenes y, en especial, sobre la colaboración años antes y en prisión del imán de Ripoll con el CNI –admitida y acotada por el centro ante el juez– da aire 'per se' a la imputación por parte del independentismo de que el Gobierno de Rajoy permitió los asesinatos para frenar el 'procés'.

Resulta inaceptable que el Congreso pueda servir ahora de escaparate para extender una tóxica sombra de duda sobre el Estado del que Junts quiere irse cuando existe una verdad judicial sobre el 17-A sentenciada por los tribunales. Y es irónico que el Ejecutivo que dice combatir los bulos ampare la intención del independentismo de alentarlos en unos hechos tan lacerantes.