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La sucesión de escándalos por el envío de contenido pornográfico y vejatorio a menores o entre ellos a través de las redes sociales –incluido el acoso a personas por su aspecto físico, orientación sexual o cualquier otro motivo– ha generado una comprensible alarma. ... Estas polémicas invitan a reflexionar sobre el uso de teléfonos móviles desde edades progresivamente más tempranas, una creciente realidad de la que los padres han de responsabilizarse con todas las consecuencias y que afecta también al sistema educativo. Su prohibición en las aulas, salvo para tareas docentes, se extiende por Europa. Holanda se sumará en enero a países como Francia, Italia, Finlandia o Suecia. En nuestro país solo está vigente en Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, pero al menos otras cinco comunidades se plantean aprobar una regulación tras los inquietantes casos destapados en los últimos meses en vez de dejar en manos de cada centro escolar la decisión sobre posibles limitaciones a esos dispositivos.
Las enormes ventajas que aportan las nuevas tecnologías tienen como contrapunto riesgos inherentes al inmenso mundo que abren a sus usuarios, sea cual sea su edad y grado de madurez personal. El ámbito educativo ha de ser un espacio seguro en el que los adolescentes estén protegidos; también del acoso digital y del acceso a materiales inapropiados y lesivos para su salud mental. Ello conlleva la adopción de medidas, aparte del obligado adiestramiento en un uso adecuado de los smartphones. Dada la magnitud del problema, las instituciones no pueden ponerse de perfil. Ha llegado la hora de que se impliquen fijando pautas de funcionamiento a partir de opiniones expertas para acotar la utilización de móviles en la enseñanza, cuyo descontrol es además un obstáculo para el aprendizaje.
No conviene, sin embargo, desviar el foco. Las familias tienen una labor fundamental e insustituible en este terreno mediante la educación en valores y promoviendo un empleo racional de esas poderosas herramientas convertidas en cauces básicos de socialización casi desde la niñez, lo que implica fijar límites a los hijos, practicar con el ejemplo y, en el caso de la pornografía, incidir en una educación sexual saludable. El control parental a través de aplicaciones instaladas por las operadoras en los teléfonos de menores es una alternativa tecnológicamente factible –Italia acaba de aprobarlo– y que merece la pena analizar, aunque no resuelva por completo el problema.
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