Las palabras del presidente Pedro Sánchez a un reducido grupo de periodistas que le acompañaron en su viaje a Oriente Próximo, subrayando el valor que tendrán los verificadores internacionales para el desarrollo de los acuerdos entre el PSOE y Junts, sitúan la gobernabilidad del país muy lejos de lo que España realmente necesita. La literalidad del acuerdo suscrito por Santos Cerdán y Jordi Turull es inverificable en su desarrollo, y por eso mismo susceptible de que los verificadores dictaminen cualquier aspecto que consideren. Que la evaluación del cumplimiento de tales componendas se realice en Ginebra es un despropósito añadido a su retórica. Una vez inmerso en el enredo, Sánchez espera obtener algún rédito presentable de cada movimiento voluntario u obligado. Solo que corre el riesgo de acabar tratando de salvarles la cara a unos verificadores hasta ahora enigmáticos. Que, en el mejor de los casos, contribuirán a legitimar las posiciones de Carles Puigdemont, un fugado de la justicia que ahora aguarda su amnistía para poder regresar libre de cargos a Cataluña. Cuando el presidente Sánchez parece necesitar, sobre todo, mediadores que le animen a dialogar hacia su derecha.
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