Nicolás Maduro sigue empeñado en responder con más represión y amenazas al clamor ciudadano y de la comunidad internacional para que publique las actas en las que se basa su proclamación como ganador en las elecciones del domingo y permita una verificación independiente de los resultados. Su cerrazón a aceptar normas básicas en cualquier democracia, unida a los indicios acumulados en los últimos días, refuerzan la sospecha de un fraude masivo del chavismo para atrincherarse en el poder en contra de la voluntad popular expresada por los venezolanos en las urnas. El desmarque de aliados tradicionales que se niegan a avalar su supuesta victoria ha agudizado la soledad de un autócrata que confunde con «criminales» a las multitudes que protestan en la calle y pretende encarcelar a los líderes de la oposición por denunciar con datos creíbles lo que a todas luces parece un burdo pucherazo. La extrema tensión en el país, con más de una veintena de muertos y 1.200 detenidos hasta ahora en las manifestaciones, interpela a la responsabilidad de todos para garantizar un escrutinio transparente e impedir un estallido violento de imprevisibles consecuencias.
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