Marcando territorio

El Ejecutivo en funciones y los partidos que lo conforman siguen rechazando o desdeñando las opiniones contrarias a la ley de amnistía por el 'procés' –como las que mantenía el presidente en funciones hasta el 23-J– con el argumento de que nadie puede formularlas cabalmente hasta que se conozca su contenido, que ellos mismos mantienen bajo llave. La noticia de que, gracias al voto favorable del secesionismo, la Administración central condonará 15.000 millones de la deuda de la Generalitat ha generado protestas de otras autonomías que parecen haber sorprendido a la vicepresidenta Nadia Calviño, quien ha dado por supuesto que el resto de las comunidades recibirán el mismo trato que Cataluña sin pararse a concretar a qué arte financiero recurrirá el Gobierno para hacerlo ni anunciarlo con la debida solemnidad.

Sánchez lleva días echando mano de un dicho elusivo para referirse a lo que se está cociendo en las negociaciones: «Nada está acordado hasta que todo esté acordado». Ello quiere decir que, si no obtiene los votos necesarios para verse investido, ni la convivencia entre los españoles requerirá de una amnistía, ni el déficit fiscal que denuncia la Generalitat será tal, ni Cataluña precisará un reconocimiento identitario añadido a los recogidos en el Estatut ni será perentorio que asuma más transferencias. Pero es de temer que, aun lograda la investidura, nunca sepamos exactamente en qué han consistido las componendas para obtener ese objetivo, cómo las interpreta cada cual y los calendarios tratados en las conversaciones.

La foto de la firma entre el ministro Félix Bolaños y el inhabilitado presidente de ERC Oriol Junqueras proyecta tal solapamiento entre partido y Gobierno que reclama mucha más transparencia que la ofrecida sobre cuestiones enormemente sensibles. Y mucho mayor cuidado al comprometer a las instituciones del Estado en pactos partidarios.