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Es difícil encontrar una ley cuya aprobación sea más «vital», en sentido estricto, que la que reconoce los derechos de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, avalada ayer por el Congreso con una insólita unanimidad. La conjunción de esfuerzos entre todos los partidos para mejorar la calidad de vida de los pacientes de ELA y de sus cuidadores a través de esta norma, extensible a otras dolencias neurodegenerativas severas, dignifica la labor parlamentaria, enfangada en una paralizante crispación felizmente aparcada por unas horas. La regulación es un hito histórico, como coincidieron diputados de diverso signo y afectados, y satisface las reivindicaciones de un colectivo sometido a un olvido injustificable durante años. Aunque llega tarde cuando si de algo carecen sus potenciales beneficiarios es de tiempo. Por ello resulta obligado acelerar al máximo el desarrollo de la ley a fin de que las medidas previstas para optimizar la atención –en su mayoría, en manos de las comunidades autónomas– y aligerar trámites burocráticos puedan ser desplegadas cuanto antes. Falta por determinar su financiación, que dado el consenso existente ni puede ni debe ser un problema irresoluble.
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