El lastre etarra

De que no compartía la denuncia de las organizaciones de reclusos de ETA, hecha suya por EH Bildu, sobre el trato de excepción que estarían sufriendo los condenados por terrorismo a ambos lados de la frontera. En lugar de eso, se regodeó con razón en el ridículo del PP –también de Vox– al haber apoyado la propuesta sin haberla leído, un esperpéntico error que no se subsana con golpes de pecho y peticiones de perdón, y en acusarle de utilizar la violencia con fines partidistas, para lo que esgrimió la sorprendente irrupción en el debate de Mari Mar Blanco, senadora popular y hermana del concejal asesinado por 'Txapote', uno de los beneficiarios de la iniciativa.

Alberto Núñez Feijóo emplazó sin éxito al presidente a retractarse de ese cambio normativo. Sánchez y los portavoces del Gobierno y del PSOE que le replicaron fuera del hemiciclo soslayaron el fondo de la cuestión: eludieron justificar como legalmente ineludible, aunque no lo hubiese sido hasta ahora, una medida que cabe sospechar representa el pago principal por el apoyo de la izquierda abertzale. Hasta el punto de que llegaron a deslizar el argumento definitivo del olvido. Que la banda desapareció hace trece años. Incurrieron así en la mayor falla que presenta la memoria: la idea demasiado asentada de que, una vez disuelta ETA, no hay nadie que tenga que dar cuentas de nada de lo que hizo la banda terrorista.

Resulta penoso que la polémica contribuyera a postergar de nuevo un debate resolutivo en búsqueda del consenso ante el reto migratorio. El pasado se hace presente cuando es tratado con opacidad legislativa en nombre de la regeneración democrática. Y es esa misma opacidad la que impidió despejar el futuro de la convivencia con los recién llegados a nuestro país.