Un laberinto aún inflamado

El pleno del Parlament confirmó ayer que, mes y medio después de las elecciones autonómicas, Cataluña no cuenta con ningún candidato a la presidencia de la Generalitat. Al frente de la Cámara, Josep Rull pulsó ayer el botón de la cuenta atrás hasta el 26 de agosto, dando por fallido un primer intento de designar president. Con ello recordó que se arroga la potestad de someter a la consideración del Legislativo la candidatura que le certifique el apoyo de la mayoría absoluta o, en su defecto, de la mayoría simple de los diputados en el menor tiempo a partir de ahora. Que Junts contase con ERC para hacerse con la presidencia parlamentaria no fue un mero detalle nostálgico respecto al 'procés'. Es la condición necesaria para que Carles Puigdemont pudiera intentar regresar al Palau de la Generalitat con solo la renuencia de Esquerra a secundar a Illa a cambio de que los compromisos de mayor autogobierno para Cataluña sean administrados por los propios socialistas, sentados a ambos lados de la mesa de negociaciones. Salvador Illa mostró ayer la disyuntiva a la que, a su entender, se enfrentan los catalanes: Gobierno 'de progreso' entre PSC, ERC y los comunes o repetición electoral, fechada ya para el 13 de octubre, imputable a la obstinación independentista. Basta con que Junts se muestre tanto o más 'de Puigdemont' que hasta la fecha y, sobre todo, que los de ERC no tengan más remedio que esperar a su cónclave de noviembre para saber qué son o querrían ser, sin ninguna seguridad de que dentro de cuatro meses puedan descubrirlo más que tras una escisión.

El laberinto partidario catalán continúa siendo intrincado y sigue sometido a la inflamación soberanista a estas alturas sobrevenida. Pero sometido también a la presunción providencialista de que el encaje de Cataluña en la España constitucional ha de ser obra de una orfebrería pretendidamente pactista basada en la opacidad, siempre a favor de la continuidad del Gobierno Sánchez. La eventualidad de que todo acabe en una repetición electoral no sería un indicio, sino la enésima prueba de que la Cataluña política es poco más que un reducto ensimismado, consentido por la Cataluña civil. Parece claro que Sánchez no puede obligar al PSC a permitir la designación de Puigdemont. Pero tampoco se encuentra en condiciones de hacer del partido en el Gobierno en funciones de la Generalitat, ERC, el interlocutor definitivo para convencer a la Cataluña que se siente soberana de que le bastará con verse singular.