Antes justicia que política

La separación entre los poderes del Estado en España, como fundamento nuclear del sistema democrático, está poniéndose en entredicho a diario. No se trata únicamente de que los contrapesos de ese sistema generen tensiones y controversias esporádicas entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo preocupante es que se cuestionen mutuamente, negando o restando legitimidad a sus respectivas decisiones sin atender a las razones expuestas por cada instancia, o aceptar la última palabra de los tribunales evitando suponer que obedezca a intenciones ajenas a las de la aplicación de la ley. El dictamen del CGPJ contrario a la idoneidad de Álvaro García Ortiz para seguir como fiscal general, al margen de que reúna las condiciones exigidas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, no es vinculante pero incide en la autonomía requerida por la carrera fiscal. La anulación por el Tribunal Supremo de que Magdalena Valerio continúe como presidenta del Consejo de Estado, porque no reúne la condición de ser «jurista de reconocido prestigio», tras admitir a trámite un recurso de la fundación Hay Derecho, podrá suscitar discusión sobre la facultad del recurrente para serlo pero no sobre los argumentos de la sentencia.

El continuo examen judicial sobre la actuación de las distintas administraciones, y del Tribunal Constitucional sobre leyes y normas, no puede empantanarse en la sospecha de que todo obedece –o puede obedecer– a propósitos ajenos a la legalidad y al interés común. Ocurre también cuando el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, declara desde Bruselas que la Comisión Europea muestra «cero preocupación» respecto a la proposición de ley de amnistía y continúa insistiendo en lo mismo después de que el portavoz del comisario de Justicia, Didier Reynders, desmintiera sus palabras.

Es evidente que el nudo gordiano del problema está en la obligada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya cinco años tarde. El bloqueo, imputable a la renuencia del PP, se ha convertido en un argumento que parece justificarlo todo en la colisión entre poderes constitucionales. La negación mutua entre los dos principales partidos del país corre el riesgo de perpetuarse, afectando seriamente al funcionamiento del Estado en su conjunto. Desatar el nudo del CGPJ exige –también por indicaciones de la Comisión Europea– dejar en manos de los jueces el gobierno sobre los jueces.