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La negativa del Supremo a convertir en fijos de forma automática a los interinos de larga duración en las administraciones constituye un jarro de agua para los cientos de miles de afectados. El Tribunal de la UE había abierto esa puerta en una sentencia que dejaba en manos de la justicia española los criterios para que nuestro país cumpla el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. El fallo conocido ayer sostiene que la medida vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública y «no se deriva en ningún caso» del pronunciamiento judicial de febrero, aunque desde entonces ha sido aplicada en varias resoluciones. Es necesario aclarar cuanto antes el alcance exacto de la sentencia comunitaria –es decir, los derechos de los interinos respecto a los de los demás aspirantes a una plaza pública–, sobre la que el Supremo anunció una consulta al Tribunal de la UE que todavía no ha elevado, lo que no le ha impedido acotar ya el terreno de juego. Y que las instituciones dejen de abusar del empleo temporal, cuyos niveles resultan escandalosos y en nada ayudan a mejorar la calidad de los servicios que prestan.
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