El asesinato de los guardias civiles David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez por la deliberada colisión de una narcolancha contra la zódiac que ocupaban los agentes ha evidenciado la carencia de medios materiales y de personal suficiente con los que atajar el problema ... en la costa andaluza. A lo que se ha sumado la evasiva actitud del Gobierno, tanto al dar cuenta de sus responsabilidades como a la hora de acercarse a los deudos de las víctimas. El desmantelamiento de la unidad OCON Sur en 2022, tras ofrecer resultados más que tangibles desde 2018, además de suponer una clara merma operativa, pudo ser interpretada por las tramas del narcotráfico como una victoria directa sobre el Estado de derecho. Una señal propicia a la sensación de impunidad con la que grupos organizados piramidalmente y radicados en Huelva, Cádiz y Málaga imponen su ley. Y a la extensión de una complicidad delictiva basada en el flujo constante de dinero que llega a infinidad de familias.

Publicidad

Todavía no se ha producido una comparecencia parlamentaria en la que el Gobierno exponga su balance de situación. Como si las reprobaciones pendientes sobre el ministro Fernando Grande-Marlaska justificaran su silencio institucional. Pero hay conclusiones ineludibles que son de dominio público. La necesidad de un organismo de la Guardia Civil que integre agentes especializados con dotaciones materiales precisas, en colaboración con la Policía Nacional. La conveniencia de que, tanto por la gravedad de la amenaza narcotraficante como por la presión que ejerce sobre la población, las instancias judiciales responsables sean las de las correspondientes audiencias provinciales y, en determinados casos, la propia Audiencia Nacional. La asignación de tales tareas a jueces y fiscales experimentados. La revisión legislativa de las normas vigentes en tanto que puedan mostrar fallas. El urgente incremento de personal destinado a la zona. La renovación de vehículos y otros dispositivos que estén en plenas condiciones de funcionamiento.

Pero hay un aspecto del problema que el Gobierno Sánchez no puede soslayar por más tiempo. Las narcolanchas se refugian en Marruecos, de donde parten los alijos de distintas drogas, sea cual sea su origen. La agenda de las relaciones de Moncloa con el régimen alauí es objeto de tal secretismo que ni siquiera se sabe qué lugar ocupa el tráfico de estupefacientes en la sintonía mostrada por el presidente español hacia el rey marroquí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

0,99€ primer mes

Publicidad