La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, enconó ayer la tensión que soportan las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial, imputando al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propósitos de naturaleza política en sus actuaciones. Tanto por la «dirección» que señalarían, ... como porque dictaría sus autos en momentos «sensibles». No se trató de un comentario pasajero. Y menos de una crítica detallada que una jurista –en este caso ministra y vicepresidenta– puede ofrecer sobre una determinada resolución judicial. Fue todo un juicio sobre las intenciones de García Castellón, dando por supuesto que obedecen a una pulsión ajena a los deberes de la Justicia. Ni las promesas del ministerio correspondiente en defensa de jueces y magistrados, ni los matices o correcciones indirectas introducidos después por otros miembros del Gabinete pudieron reducir la brecha abierta, de pronto, por una vicepresidenta cuyas palabras no fueron desautorizadas expresamente. Como si éstas expresaran el parecer que el Ejecutivo no podría suscribir oficialmente sin provocar una crisis institucional de imprevisibles consecuencias.
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La reacción de la comisión permanente del CGPJ y de las asociaciones que representan a la mayoría de la judicatura revela hasta qué punto la vicepresidenta Ribera rebasó los cauces de lo institucionalmente admisible. El episodio permite dos derivadas. Que las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica contribuyan, a modo de vacuna, a que el Gobierno se contenga en adelante. Que ni directa ni indirectamente el Ejecutivo cuestione nada menos que iniciativas de investigación judicial. El otro supuesto es que la irrupción de Ribera en un ecosistema tan crítico pretenda operar como anestesia para que se sucedan pronunciamientos similares cada vez que jueces y tribunales contraríen la hoja de ruta del Gobierno Sánchez.
Como recordó el ministro Luis Planas, los procedimientos judiciales están perfectamente regulados. Carece que la vicepresidenta tercera del Ejecutivo irrumpa, totalmente a bulto, en un escenario reservado a la discusión estrictamente jurídica sobre derechos y sus eventuales vulneraciones, sobre delitos tipificados y su posible comisión. La intervención de Ribera fue tan inesperada, en tanto que beligerante, que el Gobierno Sánchez tiene la obligación de demostrar, una y otra vez, que no es esa su intención.
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