El gran desafío de la vivienda

Pese al buen comportamiento del empleo, el acceso a una vivienda sigue siendo prohibitivo para buena parte de los jóvenes y un número apreciable de familias, lo que lastra su bienestar y sus expectativas vitales y profesionales. El cronificado desajuste entre una elevada demanda y una oferta limitada ha disparado los precios tanto de venta como de alquiler y convertido este problema en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. También en una de las causas de desafección hacia las instituciones, que han tardado en exceso en implicarse en la búsqueda de soluciones que, aun cuando sean acertadas, requieren tiempo para que sus resultados se visibilicen en una cuestión tan compleja. La agravan, entre otros factores, la escasa construcción a consecuencia de la falta de suelo o trabas burocráticas y la proliferación de pisos turísticos, a la que hay que poner coto.

Los nuevos modelos de familia, el aumento de las personas que viven solas y el crecimiento de la población por la llegada de inmigrantes explican la necesidad de un parque residencial muy superior al actual, lo que ha tensionado el mercado hasta el extremo. El Banco de España ha cuantificado ese déficit de casas en 600.000, cuando en nuestro país apenas se levantan 90.000 al año. No existen varitas mágicas para afrontar con éxito este reto. Desde luego, es imprescindible que las comunidades y los ayuntamientos pongan suelo urbanizable subvencionado a disposición de los constructores y agilicen los trámites administrativos. Como resulta evidente la conveniencia de que las distintas instituciones aceleren la promoción de viviendas protegidas para destinarlas al alquiler social. Contener los precios pasa por elevar la oferta. El escaso recorrido de la ley de vivienda demuestra que hacerlo poniendo techo al coste de los arrendamientos o estableciendo drásticas exigencias a los propietarios no es el camino adecuado.

Este asunto promete adquirir un notable protagonismo en el debate político en los próximos meses. Bienvenido sea si la ruidosa y estéril trifulca partidista abre paso a amplios acuerdos que permitan reformar la ley del suelo –el Gobierno retiró su proyecto en mayo por falta de apoyos– y coordinar esfuerzos entre administraciones de distinto signo. Pocos desafíos de mayor magnitud tiene por delante el país que encauzar un problema que retrasa la edad de emancipación, dificulta la atracción de talento y condiciona el porvenir de las nuevas generaciones.

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