Un Gobierno en el alambre

La visita del presidente Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat para encontrarse con Pere Aragonés adquirió ayer un sesgo más partidario que institucional. La firma del convenio por el que Cataluña se hará cargo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital no podía ... dar más de sí. Y Sánchez tampoco podía comprometerse ante Aragonés para desbordar bilateralmente el autogobierno catalán a cambio de la designación de Salvador Illa. Ni ERC está en situación de rubricar con el PSC un pacto de legislatura que deje en manos del primer secretario del PSC el futuro del Estatut. El propósito de los republicanos de someter el 1 de agosto a la consideración de sus bases el apoyo a Illa suscita en ellas la gran pregunta sobre cuáles serían las contrapartidas que Sánchez eludió ayer, a poco más de una semana de una consulta cuya celebración tampoco puede darse por segura. Probablemente los dirigentes republicanos estén pensando, más bien, en una encuesta sobre confianza. Sin que ni Aragonés, paradójicamente retirado, ni Rovira próxima a lo mismo, ni Junqueras tratando de recuperar el liderazgo de ERC ante el congreso de noviembre, se arriesguen a expresar su parecer. Una consulta en la que el que el 'sí' a Illa no encontraría valedores en Esquerra, mientras que el 'no' podría convertirse en un ruido de fondo ensordecedor amplificado por el marcaje de Junts. Hasta el punto de que es posible que en Moncloa se hayan puesto a pensar en la cuadratura del círculo. En la idea de que una repetición electoral en Cataluña no debería suponer, necesariamente, inconvenientes insalvables para el mandato actual de Sánchez, aunque la legislatura quedase condenada a la irrelevancia y dado que es improbable que prospere una moción de censura contra el presidente. El independentismo da por amortizado el valor de trueque de la amnistía. Pero el Supremo elevó ayer una cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional al apreciar en la ley una «vulneración del derecho a la igualdad», una afección al «principio de seguridad jurídica» y una puerta abierta a la «arbitrariedad» advirtiendo de que los amnistiables buscaban «un golpe de Estado». Las reservas que la cuestión suscita en la UE van en esa misma línea. Constatado que el bien superior para la medida no fue otro que la mayoría parlamentaria de Sánchez, el hecho de que el independentismo fluctúe e incluso se desentienda respecto a la estabilidad del país en su conjunto deja sin argumentos la manga ancha de la revisión y el olvido.