Los detalles que van trascendiendo de la fuga hace una semana de la cárcel de Alcalá-Meco de Yusef Mohamed Leherech, un sicario veinteañero que se encontraba en prisión preventiva por dos asesinatos, apuntan a una cadena de errores humanos, pero también de fallos del sistema, que obligan a la Inspección de la Administración penitenciaria a trazar con precisión el periplo que ha acabado con un preso acreditadamente peligroso en la calle. A identificar las responsabilidades últimas de aquellos funcionarios que pudieran tenerlas el día de la huida de 'El Pastilla', pero también a aclarar cómo un detenido con semejante historial y clasificado por ello en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento terminó en un centro aparentemente inapropiado como Alcalá-Meco sin que se le aplicara, además, la vigilancia requerida.
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Urge una explicación de un episodio que ruboriza porque el sicario recobró la libertad por su propio pie y sin valerse de ningún elaborado plan de fuga. Aunque lo realmente perentorio es encontrarle dada la envergadura de los delitos que se le imputan. Y para ello no basta con animar la colaboración de la ciudadanía, que puede haberse visto decepcionada por quienes han de velar por su seguridad.
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