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La reforma de la incapacidad temporal, ya contemplada en el acuerdo de pensiones firmado en septiembre, supone un desafío tan sensible que exige un planteamiento más preciso y argumentado que el hecho público ayer por la ministra Elma Saiz. Entre las reacciones negativas que ya ha cosechado la propuesta destacan por su contundencia las del socio de Gobierno del PSOE –«con la salud no se juega», afirmó la vicepresidenta Yolanda Díaz– y Podemos, aliado de investidura y necesario para una futura tramitación parlamentaria. Se impone la convocatoria del grupo de trabajo llamado a afrontar, con voluntad de acuerdo y sin eternizarse, un proceso aconsejado por el incremento constante de las bajas laborales desde la pandemia, que satura los servicios de salud y se traduce en un aumento del 17,6% en los subsidios en los ocho primeros meses de este año, según datos de la Seguridad Social. Abordar una preocupación que ya comparten las administraciones, los empresarios y los sindicatos desde una defensa de la «reincorporación flexible» al puesto de trabajo suscita desconfianza entre los representantes de los trabajadores, en especial en los sectores más desprotegidos.
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