La federalización de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez expuso ayer su balance del primer año de legislatura bajo el eslogan 'Cumpliendo'. Pero lo que de su mandato ha acabado tensando la política y a la sociedad española han sido aquellas decisiones adoptadas en contradicción con la propuesta electoral ... que llevó a las generales de julio de 2023, como la amnistía y el sistema de concierto y cuota para Cataluña. Ayer pudo haberse quedado con sus palabras de la víspera, demandando respeto a los 8.500 afiliados de ERC que mañana tendrán la posibilidad de pronunciarse sobre si apoyar o no la investidura de Salvador Illa a cambio de culminar «la financiación singular» catalana en cinco años. Como si ellos, las ejecutivas del PSOE y del PSC y el Gobierno, tuvieran la potestad exclusiva de alumbrar un cambio de alcance constitucional sin encomendarse a nadie más. El presidente también pudo haberse esmerado en explicar a los ciudadanos las razones por las que la salida de Cataluña del régimen común de financiación autonómica es «magnífica» para los catalanes y para los demás españoles, mostrando un estudio con previsiones claras al respecto. Pero prefirió una vez más actuar de prestidigitador, afirmando que «es un paso hacia la federalización del Estado», sin que haya documento alguno del PSOE o del Gobierno que lo avale. El preacuerdo todavía no suscrito con el PSC apunta en una dirección marcadamente asimétrica. Pero el recurso a una idea notablemente polisémica como «la federalización» invita inmediatamente a que todas y cada una de las comunidades restantes exijan situarse en una posición equivalente a la catalana, cuando, además, ese federalismo espanta a los soberanistas. Lo que resulta inquietante es que, tras orillar durante diez años la necesaria actualización del sistema de financiación autonómica, después de que el vigente se formulase atendiendo precisamente las demandas de la Generalitat, el presidente vuelva a simular un triple mortal sin que ni los suyos ni los propios independentistas estén, ni de lejos, entrenados para semejante proeza. La transparencia –no la regeneración– exigiría revelar cuál ha sido el proceso de decisión en este caso y qué personas han participado en la deliberación, y a partir de qué fundamentos jurídicos y económicos. Lo mismo cabe reclamar sobre la decisión de querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado recurriendo a la Abogacía del Estado, al considerar que es necesario defender la institución de la Presidencia del Gobierno frente a la imputación de Begoña Gómez.