El espionaje a Aragonès

Es comprensible la incomodidad del Gobierno ante la confirmación, en documentos que acaba de desclasificar, de que el CNI intervino con el 'sofware' Pegasus el teléfono de Pere Aragonès, uno de los socios de los que depende su estabilidad parlamentaria. Lo hizo ante las sospechas –desvanecidas tras las investigaciones, ya que no pesa acusación alguna contra él– de que dirigía el grupo violento radical denominado CDR. La operación se produjo en el verano de 2019, durante el mandato de Pedro Sánchez, y se ajustó a la ley al contar con la autorización del juez del Supremo que controla los servicios secretos. El Ejecutivo no tiene por qué conocer ni aprobar previamente cada actuación del centro de inteligencia, aunque se hace difícil creer que no fuera informado de una dirigida contra el entonces vicepresidente de la Generalitat. Pero lo menos que cabe esperar de él es que defienda las operaciones realizadas bajo su gestión, aunque su oportunidad pueda parecer ahora discutible, o, en su defecto, explique por qué estuvieron injustificadas; no balbuceos de ministros entre alusiones sin pruebas a que el espionaje se inició con el PP en el poder en un intento de congraciarse con el dirigente de ERC.