Los ERE ante la justicia europea

La decisión de la Audiencia de Sevilla de impugnar, por la vía de elevar consultas a la justicia europea, la sentencia del Constitucional que acabó exculpando a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros cargos socialistas de la Junta en el fraude de los ERE ha derivado en un inédito pleito jurídico e institucional. Un pulso que parte de la iniciativa de la sala sevillana, en un movimiento sin precedentes, de apelar al Tribunal de Luxemburgo ante su disconformidad con la resolución del TC, al que los magistrados apuntan por haberse supuestamente «extralimitado» en su función de control. Pero un pulso, también, que no debería exacerbarse, máxime cuando los letrados de la propia corte de garantías sostienen en hasta cinco informes que no hay impedimento para que la Audiencia pueda trasladar una cuestión prejudicial al TJUE. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha declarado «preocupadísimo» por lo que interpreta como un intento de deslegitimar al intérprete de la Carta Magna. Pero aun cuando el contencioso dé lugar a un intenso debate legal, ningún tribunal español debería sentirse zaherido por el recurso a una justicia europea que también es la nuestra.