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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer a los agentes sociales su propuesta de incrementar el salario mínimo interprofesional en un 4,41%. Un aumento de 50 euros en cada una de las catorce pagas a aplicar este año, que dará ... lugar a mensualidades de 1.184 euros brutos. 700 más que en 2024. Se trata del incremento superior de los planteados por la comisión de expertos. Quedando en el aire si ya en 2025 habrá perceptores del SMI que deban contribuir al erario mediante el IRPF –tesis que se le supone al Ministerio de Hacienda– o, como hasta el momento ha defendido la titular de Trabajo, la subida del salario mínimo iría acompañada de la del mínimo exento. Aunque las declaraciones del secretario general de CC OO, Unai Sordo, advirtiendo de que no se puede aspirar a que los trabajadores que perciban el SMI eludan siempre el pago del IRPF, porque «reduciría la educación fiscal del país», rebaja la carga simbólica que Yolanda Díaz trata de conferir a tal exención también en 2025, en el capítulo de discrepancias que mantiene con la parte socialista del Gobierno.
Más complicada parece la superación de la desavenencia que continúa distanciando a Díaz de la posición que mantiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la reducción de la jornada laboral. Después de que en su reunión del miércoles solo llegaran a acordar que el tema sí formará parte del orden del día de la próxima cita de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, del 27 de enero. Para la vicepresidenta segunda, el acuerdo suscrito por ella en su calidad de ministra de Trabajo obligaría al Gobierno a secundar el pacto. Pero mientras no sea ratificado por el Consejo de Ministros no podrá tramitarse legislativamente. Los avisos de CC OO y UGT en las últimas horas, anunciando que convocarán movilizaciones si eso no se produce de manera inmediata, en ningún caso pueden adquirir más peso en la balanza de una negociación a tantas bandas que el desacuerdo mostrado por las organizaciones empresariales y la indisposición de partidos que sostienen al Gobierno, como Junts y el PNV, a apoyar la gestión de Díaz al respecto.
No es buena idea emplear iniciativas de alcance económico y social como bandera partidaria. Porque, cuando menos, se encontrarán a merced de la incertidumbre en sus efectos últimos. Ninguna prisa política debe orillar la prudencia. También a la hora de ponderar las consecuencias de una territorialización del SMI.
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