Resulta insólito que un partido que acaba de ganar unas elecciones presidenciales con un apoyo popular del 60% sea suspendido por un supuesto caso de falsificación de firmas de afiliados cuando se fundó en 2018. Es lo que ha sucedido en Guatemala con el Movimiento ... Semilla, que ha aglutinado en las urnas la indignación social en un país con casi la mitad de la población bajo el umbral de pobreza y un sistema institucional carcomido por los privilegios en el que han empezado a asomar prácticas autoritarias.
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La Fiscalía ya intentó sabotear la candidatura del socialdemócrata Bernardo Arévalo, el ahora presidente electo que contra todo pronóstico venció con un implacable discurso contra la corrupción y el pacto entre las élites políticas, burocráticas y empresariales que controlan el poder desde hace años. La decisión del Tribunal Superior Electoral, a petición de un juez incluido en una lista de corruptos en Estados Unidos, tiene el aroma de una persecución política en toda regla, impropia de un Estado que se proclama democrático. Las maniobras para subvertir la voluntad popular, libre y legalmente expresada, son inadmisibles, como bien han advertido la Unión Europa y EE UU.
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