La decisión del juez Juan Carlos Peinado de acceder a la petición de la defensa de Begoña Gómez y suspender su declaración por no haberle sido notificada la querella de la acusación popular ejercida por Hazte Oír ha dejado en el aire el esperado testimonio de quien está investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios siendo, además, la mujer del presidente del Gobierno. El hecho sin precedentes que representa esta causa afrontará, así, el trance decisivo para determinar la suerte que corre el sumario el próximo 19 de julio, cuando Gómez volverá a personarse ante el magistrado. Casi dos semanas de dilación que aconsejan tanto al Gobierno como a la oposición no rellenarlas enconando aún más su disputa en torno a si Gómez ha incurrido o no en delitos punibles en su actuación profesional. Resulta inaceptable que la reivindicación de la inocencia de la imputada pase por alentar las sospechas sobre una eventual campaña dirigida contra ella no por lo supuestamente hecho, sino por su condición de consorte del jefe del Ejecutivo. Y son reprobables algunos de los términos en los que el PP se pronuncia sobre un caso que por su evidente calado requiere contención y argumentos por parte de todos los concernidos de una forma u otra.
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