Coyuntura política endiablada

El Congreso votó ayer a favor de la toma en consideración de la proposición para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana pactada inicialmente entre el Gobierno y EH Bildu, y anunciada por esta última formación. La decisión de Podemos de apoyar finalmente la tramitación de la iniciativa alivió el difícil momento que atraviesa el Ejecutivo. Aunque lo hizo cuando lleva seis años aplicando la norma que Mariano Rajoy había impuesto tres años antes. El Gobierno no acaba de despejar su horizonte legislativo, con la mayoría de la investidura mostrándose precaria y quebradiza a cada paso, al tiempo que elude entenderse con el PP para no suscitar más tensiones con alguno de sus socios ni proyectar hacia la opinión pública la mera hipótesis de una sintonía que pudiera acabar con la polarización. En otras circunstancias, la inquietud generada por los efectos políticos y electorales del caso Errejón podría haber contribuido a superar diferencias entre el PSOE y sus izquierdas por temor a que los perjuicios salpiquen a todos. Pero en estos momentos tampoco sería descartable que el daño que el caso pudiera causarle al propio sanchismo lleve a las formaciones que integran Sumar, a Podemos, e incluso a los nacionalistas catalanes y a los vascos, a aprovechar tan endiablada coyuntura para apurar sus respectivas demandas. Incluidas las que los morados pretenden introducir, sí o sí, para la derogación efectiva de la 'ley mordaza' en el período de enmiendas.

De entrada, la ratificación por parte de las bases del partido que lideran Ione Belarra e Irene Montero de las condiciones para la aprobación de los Presupuestos –la ruptura de relaciones con Israel y la rebaja de un 40% en los alquileres– pone en el disparadero la mayoría que precisa el Gobierno para sacar adelante las Cuentas de 2025. Mayoría que por otra parte pende de la concesión real de una financiación singular para Cataluña. Voces del Ejecutivo han restado importancia a la eventualidad de que no tenga más remedio que proceder a la prórroga presupuestaria sobre la prórroga presupuestaria de las Cuentas de 2023. Del mismo modo que a Pedro Sánchez nunca ha parecido preocuparle la inconsistencia política y jurídica que emana de sacar adelante normas recurriendo al regateo de unos u otros artículos con unos y otros socios de investidura. Lo que, aplicado a los Presupuestos, se convertiría esta vez –incluso aunque se prorroguen– en una verdadera subasta entre esos socios a cuenta del incremento de la recaudación fiscal.