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El empresario Víctor de Aldama intentó ayer extender al PSOE el presunto cobro de comisiones por contratos en su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que ratificó las acusaciones vertidas contra el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García, por presuntamente haber recibido 'mordidas' a cambio de adjudicaciones públicas ... . Según Aldama, los dos habrían cobrado en torno a 3,4 millones de forma ilícita, de los que hasta «un 1,5%» habrían ido a parar al partido que lidera Pedro Sánchez. Aunque el «nexo corruptor» de la trama haya lanzado esas imputaciones sin pruebas sólidas, más allá de un pantallazo con una nota manuscrita que atribuye a Koldo, y ni siquiera «un resguardo» como le pedía el instructor, los responsables socialistas cometen un gravísimo error, un dislate con la democracia, cuando de manera directa o insinuante atribuyen a la judicatura el delicado trance por el que atraviesan.
Cualquier dirigente político medianamente avisado debiera reconocer indicios delictivos en el relato de las andanzas de los tres principales partícipes de la supuesta trama, Ábalos, García y Aldama. Relato que se refiere al período en el que el primero mantenía una posición determinante en la jerarquía socialista, algo que no pudieron pasar por alto ni en Moncloa ni en Ferraz. De ahí que pudiese ser apartado de sus responsabilidades en el Gobierno y en el partido, sin más explicaciones que la de una remodelación, para acabar incorporado en las listas electorales de julio de 2023. Gracias a lo cual está aforado tras pasar al Grupo Mixto a raíz de su suspensión en el PSOE. Es posible que ese estatus le fuera concedido por un requerimiento expreso de Ábalos.
Por eso, alguien dentro del partido debía haber intuido el alcance del escándalo. No son meras conjeturas, sino la conclusión racional sobre pautas que se repiten una y otra vez en la corrupción política cuando se topa con la Justicia. Sólo la verdad judicial será capaz de desentrañar el embrollo al que se han visto abocados el PSOE de Pedro Sánchez, las administraciones presuntamente implicadas y las personas señaladas por Aldama, empezando por él mismo. Mientras declaraba el 'conseguidor', la Guardia Civil detenía a sus testaferros por el fraude de los hidrocarburos que le había llevado a la cárcel. Entre ellos, a una empresaria que afirma que entregó en Ferraz dinero por el pago de comisiones.
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