El asesinato de una mujer apuñalada supuestamente por sus hijos adoptivos, de 13 y 15 años, en la localidad cántabra de Castro Urdiales ha desatado una comprensible ola de conmoción e incredulidad en todo el país. Los ciudadanos asisten atónitos a una tragedia que nadie pudo prever en una familia aparentemente normal, en la que el perfil de la víctima –celedora en un hospital y catequista– revela una vocación de servicio a los demás. Comparten la angustia que habrá experimentado la abuela de los dos detenidos al sospechar que algo terrible ocurría y avisar a la Guardia Civil. Y difícilmente alcanzan a imaginar la devastación del marido de la fallecida y padre adoptivo de los dos menores a los que se considera sospechosos del crimen. Las investigaciones policiales y judiciales determinarán las circunstancias de un suceso que deja roto en pedazos un hogar del que no existían denuncias por violencia o indicios conocidos de problemas. Tampoco en el ámbito escolar de los dos chicos: el pequeño, inimputable y ahora ingresado en un centro de protección, y el de mayor, para el que la Fiscalía solicita seis meses de internamiento en régimen cerrado, a la espera del juicio.
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