El robo de los datos de 34 millones de conductores y vehículos depositados en la principal base de la Dirección General de Tráfico es de extraordinaria gravedad. A ese ciberataque se han sumado en apenas una semana los denunciados por Telefónica e Iberdrola, con cientos de miles de afectados, y otro que confirmó el Banco Santander a principios de mayo. Resulta natural la alarma generada por las brechas abiertas por 'hackers' en los mecanismos de seguridad de un organismo dependiente del Ministerio del Interior y de tres multinacionales tan punteras, que destinan cuantiosos recursos a proteger la información en su poder. A la vista está que los ciberdelincuentes han tomado la delantera y que tales inversiones son insuficientes. El encadenamiento de asaltos masivos que han burlado algunas de las barreras informáticas supuestamente más sofisticadas e inaccesibles del país genera un clima de indefensión en una sociedad en la que la digitalización gana terreno cada día. La responsabilidad de las instituciones y empresas para garantizar el máximo blindaje de los datos en sus manos ha de ir acompañada de una extrema cautela ciudadana a fin de prevenir posibles estafas con ellos.
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