Editorial
La declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante el magistrado del Supremo que instruye la causa abierta al fiscal general por presunta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso permitió que el testigo confirmara en sede judicial lo que nunca ocultó –que él ... filtró el correo entre el abogado de lberto González Amador y el Ministerio Público para un posible pacto que no llegó a forjarse–, al tiempo que reclamaba, a las puertas del alto tribunal, una condena «ejemplarizante» para Álvaro García Ortiz.
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La conversión en guerra política del procedimiento incoado a González Amador por fraude tributario no puede llevar a una confusión interesada y, por ello, tergiversada de los hechos que se investigan. Porque una cosa es la imputación de un particular por incumplir con Hacienda; otra, que un jefe de Gabinete traslade a la prensa una versión falaz a favor de sus intereses; y otra, ésta sí de inquietante envergadura institucional, que una autoridad del Estado como el fiscal general esté encausada por vulnerar supuestamente la legalidad; y hacerlo, además, con alguien emparejado con una rival política del Gobierno. Eso es lo que está sujeto a las averiguaciones del Supremo. Sin que quepa por ahora, tampoco, deducir condenas como la sugerida sin la prudencia debida por Rodríguez.
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