La reforma de la carrera judicial anunciada ayer por el Gobierno de Sánchez obliga a ser suspicaz con su propósito. Ya dejó ver un interés particular en la proposición de ley promovida por el PSOE para restringir la figura de la acusación popular, lo que permitiría un eventual archivo de las imputaciones que ahora afectan a su mujer y a su hermano. Esta vez, los cambios en el acceso a la Magistratura buscan una mayor «pluralidad», al partir de la cuestionable premisa de que la profesión está copada por magistrados conservadores y pudientes. Es encomiable mejorar las becas e introducir medidas para eliminar las barreras económicas que frenen la igualdad de oportunidades, como en otras carreras, pero en ningún modo debería ser utilizado como coartada para señalar a instructores concretos en respuesta a las causas que salpican al Ejecutivo, algo que desprestigiaría a la Justicia. Mejor sería aplicar filtros y exámenes rigurosos para que jueces como Adolfo Carretero, grosero y soez en su forma de llevar el interrogatorio a Elisa Mouliaá en el juicio por presuntos abusos de Íñigo Errejón, aprendan modales antes de ponerse la toga. La educación no está reñida con la ideología ni con la renta.
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