El año judicial de Perelló

El acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el Rey, trasladó ayer al conjunto de la sociedad y a todas las instituciones un mensaje de normalidad que se echó en falta durante cinco ejercicios de interinidad en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su reciente renovación, culminada la víspera con la elección de su presidenta –que lo es también del Tribunal Supremo– Isabel Perelló, concedieron al momento una especial trascendencia. Perelló recordó que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico». Una advertencia con la que la nueva presidenta del órgano de gobierno de los jueces pareció anunciar un compromiso activo en defensa de su independencia. Poniendo énfasis en que las «posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función judisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales». En otras palabras, no deben dar lugar a emplazamientos públicos que traten de condicionar el ejercicio de esa función. Isabel Perelló insistió en su advertencia al describir a jueces y magistrados: «Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Parece sorprendente que los integrantes del nuevo CGPJ, resultado de un pacto entre PP y PSOE, se dilataran durante semanas para, finalmente, descubrir a una magistrada que acabó contando con el voto favorable de 16 de 20. Lo que permite confiar en que la actuación del Consejo presidido por Perelló se distanciará también en todas sus demás decisiones de una supuesta disciplina de grupo, haciendo prevalecer el criterio personal de sus integrantes sobre posturas requeridas desde ámbitos ajenos al Poder Judicial.

Las primeras palabras de Isabel Perelló en el desempeño de su doble cargo invitan a pensar, por otra parte, que la independencia de cada uno de los componentes del Tribunal Supremo primará respecto a aquellas resoluciones que, indefectiblemente, deba adoptar su presidencia. Al tiempo que Perelló tendrá ante sí el delicado reto de preservar el papel del alto tribunal frente a eventuales incursiones del Tribunal Constitucional actuando cual si fuese una instancia judicial. Tarea para la que la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo aporta un conocimiento directo de las funciones que ha de desempeñar la corte de garantías constitucionales.