La rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% a partir del 1 de julio confirmada ayer por el Gobierno debe suponer un alivio al desbocado precio de un producto esencial en la dieta mediterránea, que ha subido un 67% en un año y se ha triplicado desde 2021, lo que ha penalizado las ventas pese a sus saludables efectos. La medida, temporal y precedida de un descenso de otros cinco puntos el pasado año, persigue los loables objetivos de incentivar su consumo y apoyar a las familias y al sector. Su aplicación reforzará la anunciada prórroga del alivio fiscal a los alimentos básicos que vence este mes, tan bienvenida para los consumidores como contraria a los criterios de la UE por su alto coste, que engrosará el déficit público. También choca con ellos la inclusión de este producto entre los de primera necesidad –con un IVA del 4%, ahora suprimido–, un grupo que Bruselas pretende reducir al máximo. Extraña que la iniciativa, pactada en su día por el PSOE y Junts, coincida con un momento en el que, aunque tímidamente, empieza a relajarse el precio del aceite de oliva. Sería conveniente vigilar que ese ahorro no se vea mutilado por un aumento de los márgenes de productores o distribuidores.

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