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La cita previa obligatoria para realizar de forma presencial cualquier trámite tuvo pleno sentido durante la pandemia. El mantenimiento de esa medida excepcional en las distintas administraciones una vez superada la crisis sanitaria ha deteriorado notablemente la atención a los ciudadanos sin justificación alguna, lo ... que ha generado un extendido malestar social. Es bienvenido, por tanto, el cambio legal anunciado ayer por el ministro José Luis Escrivá por el que el Gobierno prohibirá a los organismos públicos exigir ese requisito para cumplimentar solicitudes de toda índole o realizar consultas. El desarrollo de la digitalización permite satisfacer por vía telemática las necesidades de esa índole de una parte apreciable de la población. Pero ni todas las herramientas informáticas de los servicios públicos son de fácil manejo ni todas las personas –en especial, las de avanzada edad– están familiarizadas con las nuevas tecnologías. Además, determinadas gestiones aconsejan una conversación cara a cara con un funcionario. El plan de Escrivá requiere una organización adecuada y recursos suficientes, lo que se compadece mal con las estrecheces de plantilla a las que aludió.
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