Abusos de alto coste

La histórica multa de 150 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por prácticas «abusivas» representa una clara advertencia que ha de poner freno a políticas comerciales engañosas o alejadas de la transparencia exigible en una economía de libre mercado. Utilizar como gancho un precio reducido de los billetes, que luego se ve sustancialmente aumentado por el cobro de servicios básicos como llevar equipaje de mano en cabina o reservar asientos contiguos para niños o personas dependientes, es una práctica generalizada en el sector que ha suscitado comprensibles críticas de los consumidores. Tales suplementos, que acaban por desmentir en algunos casos el bajo coste que supuestamente define a esas aerolíneas, se amparan en un reglamento de la UE que contraviene aparentemente la Ley de Navegación Aérea y varias sentencias judiciales. Aunque la decisión del Gobierno no es firme hasta que se agote la vía de los recursos administrativos y judiciales, parece razonable una unificación de criterios en la Unión que, a la luz de la jurisprudencia vigente, clarifique los derechos de los pasajeros aéreos y asegure su cumplimiento.