Otra vez la educación

Tiene sentido que ese programa procure resolver las carencias o dificultades de seguridad para padres, profesores y alumnos integrados en unidades responsabilidad de la administración. Y las aulas de las escuelas concertadas también lo son. Lo contrario sería segregacionista y excluyente, profundamente discriminatorio. No ya para los centros, sino para las familias o los profesores (unos 9.000 en nuestra región). El exconsejero de Educación Fernando Rey lo explicaba así en un libro de varios autores titulado 'Sistemas educativos decentes', de la editorial Santillana: «¿Cómo plantear la relación entre la educación pública y la concertada? La jurisprudencia de nuestros tribunales ha venido sosteniendo, con contundencia y claridad, que el sistema privado no es subsidiario, sino complementario del público. Porque la Constitución establece el derecho de educación pública de calidad para todos, pero también las libertades ideológica, religiosa y de empresa. No cabe una mirada hemipléjica de la realidad. No tiene sentido oponer un sistema a otro. Esto es un debate ideológico rancio que no resiste un análisis intelectualmente serio». Castilla y León es una de las regiones con mayor peso de la concertada y sus niveles de excelencia educativa (según los informes PISA) son de los mejores del país. Y con los resultados más homogéneos si comparamos alumnos de colegios públicos y concertados. La realidad, por tanto, muestra que el modelo no representa ningún obstáculo a la hora de proporcionar educación de calidad.

¿Dónde está el problema? En lo de siempre, en que fundamentalmente existen dos maneras de observar las políticas educativas. Para una de esas maneras son normas que deberían garantizar el derecho de las familias y los alumnos para que, dentro de un marco de recursos y de convivencia social, democrático y de valores determinado, puedan recibir la educación que elijan. El artículo 27 de nuestra Carta Magna dice: «Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Para la otra, las políticas educativas son la herramienta idónea para hacer que todo el mundo comparta una determinada visión del mundo, una ideología y unas creencias. Estas dos maneras no son exclusivas de un partido o una orientación política, de izquierdas ni de derechas. En otros momentos han sido las formaciones más conservadoras las que han tratado de imponer su perspectiva educativa. Ahora parece que es el Gobierno de coalición PSOE-UP el que, aprovechando algo tan duro y dramático como una pandemia con serias incidencias en todas las facetas de la vida, también las educativas y culturales, quiere crear agravios a familias que tienen el mismo derecho a elegir un centro concertado que otras a elegirlo público. Como la idea no solo es peregrina, sino injusta, estoy convencido de que todos los cargos políticos del PSOE de España con hijos educados en centros concertados –muchísimos– se opondrán y no saldrá adelante.