A vueltas con el Salario Mínimo

En julio de 2020, la AIReF concluyó que la subida del SMI en 2019 supuso la pérdida de entre 19.000 y 33.000 afiliados ese mismo año. Aunque mientras no exista un estudio riguroso que sea reconocido como tal por parte de los partidos políticos, las instituciones públicas, las patronales y los sindicatos, la discusión correrá el riesgo de verse condicionada por apriorismos ideológicos o enmarcada en los pulsos que se mantienen en el seno del diálogo social por una parte y entre los socios y apoyos del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos por la otra.

En esa liza dialéctica, el Gobierno ha declarado que adoptará la decisión de subir el SMI siempre y cuando así la acuerden las organizaciones empresariales y los sindicatos. Lo que ha generado las críticas de estos últimos porque, a su entender, ello supone conceder «derecho de veto» a la patronal. Tal y como han recordado CEOE y Cepyme, según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, es potestad del Gobierno fijar el SMI, aunque sea «previa consulta con los agentes sociales». Siempre atendiendo al IPC, a la productividad media, al peso del trabajo en la renta nacional y a la coyuntura económica.

De modo que el Ejecutivo ha de hacerse cargo de su responsabilidad, sin transferirla a las partes del diálogo social, aunque resulte más que conveniente que, sea cual sea la decisión al respecto, cuente con la sintonía de los agentes sociales. El Gobierno como tal, al margen de que sea de coalición, debe fijar su posición sobre la idoneidad o no de incrementar de nuevo el SMI, cuando la pandemia ha desbaratado todas las previsiones anteriores a marzo de 2020. Y debe exponer sus razones, también para no subir el Salario Mínimo.