Editorial: El victimismo de Puigdemont

En el fondo, quienes votaron a favor de la inmunidad se sienten legitimados para contravenir, desde el Legislativo europeo, la actuación de jueces y tribunales nacionales. El parecer al respecto del Tribunal de Justicia de la UE será definitivo para situar a Puigdemont y sus exconsejeros bajo la jurisdicción española o no. Y crucial para determinar hasta qué punto ha de ser obligatoria la asunción como propias de las resoluciones judiciales dictadas en otro país miembro. La iniciativa del magistrado del Supremo Pablo Llarena de promover una cuestión prejudicial ante la Corte europea resulta más que pertinente. No tendría sentido obcecarse en reclamar la extradición de Puigdemont y Comín ante la Justicia belga, y la de Ponsatí ante la escocesa –cuando además esta última lleva un año autoexiliada en Bélgica– previamente a una resolución general del tribunal con sede en Luxemburgo.

Es inevitable que se dilate el litigio y que la judicialización del conflicto continúe siendo eso que el independentismo catalán denuncia mientras lo convierte en parte nuclear de su estrategia victimista. También es inevitable que, a cuenta de la retirada de su inmunidad parlamentaria, Puigdemont recupere protagonismo en las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat. Pero el Estado de Derecho no puede dejarse llevar por prisas que conduzcan a ninguna parte.