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Felipe VI no presidió ayer la entrega de despachos a los jueces que han salido de la Escuela Judicial de Barcelona porque prevaleció la previsión constitucional de que el Gobierno ha de refrendar los actos del Rey sobre la ascendencia también constitucional de éste en ... la Administración de la Justicia. Y se impuso en una decisión cuyas razones no han sido justificadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El balbuceo de sus ministros resultó elocuente al respecto. La renuncia institucional, por indicación del Gobierno, a que el Rey estuviera presente en un acto que le es constitucionalmente propio retrajo al Estado de desempeñar sus funciones en el conjunto del territorio nacional. No había ningún problema de seguridad que desaconsejase su presencia; menos aún, dada la ubicación del local en el que se desarrolló una ceremonia. Ni siquiera podía esgrimirse la eventualidad de que el Tribunal Supremo se pronunciara ayer mismo sobre la inhabilitación de Quim Torra.
Las vaguedades del Gobierno a la hora de justificar tan notoria ausencia, de no exponer ni media razón para impedir al Rey el desempeño de su función constitucional, despiertan todas las sospechas sobre que la decisión se enmarca en los esfuerzos de Sánchez por distender sus relaciones con el independentismo catalán y seducirle para que favorezca la aprobación de los Presupuestos de 2021. Aunque el precio a pagar en esta ocasión no fue partidario, sino de Estado. No supuso una opción entre otras para el Gobierno; representó un veto a la Monarquía, una cesión del Estado a cambio de no se sabe qué. Si el Rey hubiese presidido el acto de ayer, como ha hecho de forma ininterrumpida desde que accedió al trono, su presencia habría sido relatada con la normalidad de todos los años. Su ausencia, decidida a todas luces de manera unilateral por el Gobierno, transmite el mensaje de que el presidente no está dispuesto a que la figura del Monarca pueda incomodar a los hipotéticos socios del Ejecutivo de coalición cuando, además, uno de sus dos integrantes –Unidas Podemos– apuesta abiertamente por dar paso a una república.
No hay un futuro constitucional alternativo al vigente que goce de un mayor consenso que el actual. Este sería motivo suficiente para que el socialismo de Sánchez evitara incurrir en la temeridad de confrontar el Poder Ejecutivo con el papel que la Constitución asigna al Rey en tanto que jefe de Estado.
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