Editorial: Terreno vidrioso

Es probable que el proyecto de reforma del Código Penal entre en el Parlamento antes de que se sustancie la resolución individualizada respecto a las peticiones de indulto. En cualquier caso, el Gobierno no debería quejarse de que la oposición y buena parte de la opinión pública entienda que ambas iniciativas responden a un mismo propósito político: relajar los ánimos en la política catalana respecto al Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos en puertas de unas elecciones autonómicas, alentar en su caso la división entre las opciones independentistas y, en un plazo más inmediato, allanar el camino para la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2021. Es verdad que los tipos delictivos de rebelión y sedición merecerían ser revisados por parte del Legislativo; entre otras razones, para equiparar nuestra norma penal con los criterios que rigen en los demás países de la Unión Europea. Pero resulta especialmente comprometido que se proceda a su corrección mientras la Justicia sigue entendiendo sobre hechos que han sido calificados en sentencia firme con esos tipos penales y no exista un amplio consenso parlamentario al respecto.

Por otra parte, el Gobierno ha de ser consciente de que la propia tramitación de las solicitudes de indulto, en tanto que requerirá de los informes no vinculantes de la Sala del Supremo que firmó la sentencia y de la Fiscalía, puede abrir costuras institucionales que vuelvan a trasladar al Estado constitucional las tensiones focalizadas en Cataluña sin que éstas se superen de manera definitiva.