Semáforo averiado

Hasta que la medida será publicada hoy en el BOE, se desconocen los términos precisos en los que el Gobierno pretende hacerla efectiva y es muy dudoso que jurídicamente pueda ser de obligado cumplimiento una vez finalizado el estado de alarma. El consenso requerido para que un documento de trabajo adquiera la condición de Declaración de Actuaciones Coordinadas, como es el caso, no debería reducirse a la posición de más de la mitad de los territorios. Mucho menos cuando afecta a competencias autonómicas. Y el 'semáforo' de alertas en que se basaría la orden se estableció en octubre de 2020 con carácter de recomendación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, alegó que la iniciativa no fue del Gobierno, sino de las comunidades, cuando si acaso lo sería de las presididas por socialistas. Mientras, el Tribunal Supremo anuló ayer el toque de queda y la limitación a seis personas en las reuniones sociales en Baleares porque en ausencia del estado de alarma no es posible adoptar restricciones generales.

La cogobernanza precisa de un consenso próximo a la unanimidad para que merezca tal denominación. La unidad de criterio en cuanto a las pautas de la desescalada resulta básica para que sean efectivas. El desconcierto resultante de la discrepancia institucional mina las posibilidades de actuar ordenadamente contra lo que reste de pandemia y de atenuar su impacto. Además, la reactivación de la vida social, la movilidad interior y la llegada de visitantes dependen de que no haya dudas y mucho menos contradicciones en la normativa en vigor en cada momento y en cada lugar. El Reino Unido decidió ayer mantener a España fuera de la lista de destinos seguros. La seguridad requerida la dará una menor incidencia del covid-19, pero también la claridad en las medidas en vigor.