La fecha de las elecciones catalanas está todavía en el alero: convocadas para el 14 de febrero por el presidente interino de la Generalitat Pere Aragonés tras la dimisión de Torra, fueron aplazadas al 30 de mayo con el argumento de que la pandemia está ... en un punto álgido. Ese decreto del Govern fue recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió, cautelarmente, mantener la fecha inicial del 14 de febrero, al menos hasta que tome una decisión en firme, algo que ocurrirá como muy tarde el próximo día 8 de febrero. La falta de acuerdo entre todos los partidos –el PSC-PSOE rechazó cambiar la fecha– impidió que se aplazara con la esperanza de que entonces se hubiera doblegado la tercera ola de la covid-19.
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Compiten en este dilema el derecho a la participación de los ciudadanos y el derecho a la salud, una rivalidad evidentemente opinable que recientemente se ha resuelto en favor del primero en países como los Estados Unidos (que votaron en noviembre) o en Portugal, cuyos ciudadanos fueron a las urnas el pasado domingo. En este último caso, las elecciones se celebraron entre grandes medidas de seguridad sanitaria, y pese a ello, la abstención fue elevadísima, del 60,5%, bastante más alta que en las elecciones de hace cinco años, en las que el mismo Rebelo de Sousa se impuso con una abstención del 51,2%, más de nueve puntos inferior.
A escasas horas del arranque de la campaña electoral –comienza a las 0 horas del viernes– la incertidumbre domina la situación. Las dudas planteadas por la intervención judicial y por la pandemia han llevado a la confusión a los propios partidos, y ayer asistíamos a la retractación de ERC y JxCat, que pedían la no asistencia a mítines fuera del municipio de residencia después de haberla autorizado el martes, y solicitaban a los ciudadanos que no se salten las restricciones ni el confinamiento, tras las protestas de médicos y expertos sanitarios.
Los jueces tienen la palabra, y si finalmente las elecciones se celebran el 14F, el Gobierno autonómico que habrá de organizar la consulta tendrá que extremar las cautelas, reforzar las medidas y que se recurra durante la campaña en la medida de lo posible a la comunicación virtual si no se quiere que la abstención alcance cotas estridentes que puedan poner en cuestión no la legitimidad pero sí el significado mismo de los resultados.
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