Editorial: Una respuesta europea

Es el marco en el que el Consejo de Ministros que se celebrará este martes está obligado a arbitrar de inmediato las medidas que palien los efectos del coronavirus sobre la actividad de las empresas y el empleo, priorizando el apoyo a las pymes y atenuando la difícil situación que atraviesan los trabajadores con contratos más precarios que, además, se han topado con esta crisis. La misma declaración del estado de alarma conlleva responsabilidades institucionales que van más allá de la intervención decretada, cuando ésta da lugar a una brusca paralización de la vida social y a una amplia suspensión de la productividad general.

Se requieren medidas que pospongan pagos de impuestos, tasas y cotizaciones. Medidas que hagan salvedad del período de vigencia del estado de alarma al computar el tiempo de percepción de las coberturas de desempleo tras los despidos causados por esa «fuerza mayor». Que compensen a los autónomos por la pérdida temporal en su facturación, teniendo en cuenta además la cuesta arriba con la que se encontrarán a la salida de la pandemia.

Un Gobierno de coalición que suscribió como promesa explorar 'soluciones imaginativas' no puede ahora interpretar las normas vigentes de manera restrictiva junto a las restricciones de la alarma. Nadie debe guarecerse tras la legalidad actual –la autonómica, la nacional o la europea– como argumento para eludir los cambios que se precisen para afrontar un desafío sanitario de esta envergadura y sus extraordinarias consecuencias mediante nuevas coberturas sociales y nuevos estímulos económicos. En este sentido urge que el Congreso y el Senado puedan reactivarse para tramitar modificaciones legales de inmediato.

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