Editorial: 'Procés' en semilibertad

La coincidencia de las juntas de tratamiento sobre la suerte individual de los nueve reclusos proyecta la sensación de un acto político, aunque se ciña escrupulosamente a los requisitos legales de la progresión de grado. El paso de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la semilibertad que entraña la decisión adoptada posibilitaría, además, que los líderes independentistas que cumplen condena por graves delitos pudieran sortear posteriormente las noches de prisión ante el riesgo epidémico. Un supuesto que volvería a poner en cuestión la naturaleza independiente de las juntas, que se verían conminadas a ampliar el tercer grado concedido ayer de manera unánime a penados que la legislación vigente obliga a tratar de manera personalizada.

La Generalitat de Cataluña quiso poner en valor ayer la independencia de los técnicos que han valorado la conducta de cada recluso, su adaptabilidad, la carencia de antecedentes penales y de reincidencia para solicitar el tercer grado. Pero los merecimientos individuales para progresar de grado de los políticos presos –que no presos políticos, como defiende el soberanismo– podrían quedar en entredicho precisamente a causa de una resolución administrativa que adquiere todos los visos de ser colectiva. Además, confiar la reinserción de condenados por sedición al desarrollo de tareas profesionales o de voluntariado podría cuestionar –siguiendo la postura mantenida por la Fiscalía hasta la fecha– la validez del tercer grado. Especialmente si los nueve o algunos de ellos acaban haciendo uso de la semilibertad para vindicar en la calle, incluso en medio de una campaña electoral, la licitud de las conductas que dieron lugar a la sentencia del Supremo.