Editorial: Presupuestos necesarios

Una gran parte de los presupuestos públicos del próximo ejercicio está ya prefijada por los compromisos contraídos, que suelen representar entre el 80 y el 85% del total, de forma que el terreno de negociación con otras formaciones se limita a una pequeña parte –del 15 al 20%– de los recursos que se gestionarán: las pensiones, los salarios públicos, el servicio de la deuda, etc., son cantidades en principio prefijadas donde la única decisión a tomar suele referirse a su posible subida anual. Aunque sólo sea por esta circunstancia, en la práctica el margen de discrecionalidad del Ejecutivo es mayor ya que en su mano está alterar tales compromisos. Por ejemplo, si se decide una congelación salarial en el sector público.

En las actuales circunstancias, el Gobierno debe hacer un esfuerzo de flexibilidad y de transparencia para conseguir el apoyo razonable de otros partidos, que vean así recogido parte de sus proyectos y aspiraciones. El enrocamiento que ha hecho fracasar el decreto ley que proporcionaba recursos a los ayuntamientos, en el que no había 'plan B' según la ministra de Hacienda, no es el mejor ejemplo de lealtad democrática y de sentido cooperativo, indispensable cuando se está en minoría.

En 2021 va a haber una entrada extraordinaria de fondos procedentes de la Unión Europea, tanto del SURE para afrontar el pago de los ERTE como del fondo de reconstrucción europeo, lo que puede favorecer un importante incremento del gasto, que dará al Gobierno más capacidad de maniobra y más margen de negociación con los demás actores parlamentarios. La excepcionalidad de la situación debe ser un acicate para el acuerdo alejándose de demagogias.

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